"Liquidación sin las garantías de la Justicia"

La Liga de Defensa Comercial (Lideco) cuestionó que con el proyecto de ley enviado al Parlamento el Poder Ejecutivo quiere liquidar Pluna "sin las garantías y la transparencia que brinda el Poder Judicial".

En la iniciativa, que fue enviada al Parlamento a última hora del lunes 9, se plantea pasar a un fideicomiso los aviones y las frecuencias de vuelo en la región que tenía Pluna para que sean rematados en un plazo no mayor a los 60 días.

Por las aeronaves, que serán subastadas en un lote único, el gobierno pretende obtener US$ 135 millones. Si no se presenta ningún oferente, el proyecto habilita al Estado a negociar las frecuencias de vuelo y a formar una nueva aerolínea en la cual hasta el 25% del paquete accionario podrá quedar bajo administración estatal.

El abogado Fernando Cabrera, asesor jurídico de la Lideco, institución gremial que nuclea a empresas y bancos, criticó el hecho de que el gobierno promueva una ley específica para la problemática de Pluna siendo que existe la ley de Concursos (vigente desde 2008) que regula este tipo de casos.

"No nos parece correcto que se hagan leyes con nombre y apellido cuando hace pocos años se reformó todo el sistema concursal porque afectaba el sistema de inversiones. Tal vez sea tiempo de sentarnos a pensar seriamente reformas al sistema en general. Si al presentarse una gran empresa no se recurre a la ley, es claro que seguramente deba ser reformada", dijo Cabrera a El País.

El abogado criticó que con el proyecto de ley, el gobierno demuestra que "quiere liquidar Pluna por fuera del Poder Judicial". "Tenemos dos buenos jueces de concursos y lo normal es que este tipo de casos vaya por el carril judicial", dijo.

"En aras de una mayor rapidez se pierden las garantías y la transparencia que brinda el Poder Judicial", agregó el asesor jurídico de la Lideco.

Cabrera advirtió que con el proyecto de ley "se deja sin efecto uno de los temas fundamentales de la ley de Concursos, que es la suspensión de la legitimación para disponer, que implica que una vez que se decreta el concurso las autoridades de la empresa no pueden vender bienes, pero en esta ley se permite solo a los efectos de pasarlos al fideicomiso".

Cabrera reconoció que por la legislación general hubiera sido imposible ordenar el remate de los aviones en 60 días, ya que el procedimiento establece un plazo de cuatro meses para el trámite de las prendas e hipotecas por parte de los acreedores.

Cabrera dijo que si bien Pluna presentó el pedido de concurso judicial, de acuerdo con el proyecto de ley, ese procedimiento se aplicará solamente para bienes menores de la aerolínea, ya que los aviones y las rutas de vuelo se rematarán por una vía independiente a través de un fideicomiso.

En el proceso judicial se va a resolver el destino "de los muebles y algunas cuentas de cobro" que tenga Pluna, sostuvo el abogado.

PERVERSO. Para que Pluna enfrentara los juicios en Brasil derivados de su antigua sociedad con Varig, el Estado había contratado los servicios del estudio jurídico Ferrere.

El abogado Andrés Cerisola, socio director de Ferrere, dijo a El País que el estudio había sido contratado para "lidiar e intentar solucionar el problema brasileño más que para salvar a la empresa, aunque las dos cosas estaban vinculadas".

Sin embargo, como el gobierno precipitó el cierre de la aerolínea, el trabajo encargado al estudio jurídico quedó prácticamente sin iniciarse.

Según informó Cerisola, "en la mayoría" de los juicios iniciados en Brasil por 7.000 funcionarios de Varig "Pluna no es parte". Sin embargo, "como el derecho laboral brasileño es muy perverso había un alto riesgo de que los acreedores de Varig ejecutaran sus sentencias contra Pluna", indicó.

Consultado sobre los montos totales que podrían implicar a Pluna en los juicios en curso en Brasil, Cerisola indicó que no tiene información concreta aunque su "intuición" indica que serían "entre US$ 200 y US$ 300 millones".

El ministro de Transporte, Enrique Pintado, cuando la semana pasada informó a la oposición las razones del cierre de Pluna, dijo que la aerolínea corría el riesgo de ser condenada a pagar en Brasil US$ 3.500 millones. Sin embargo, los líderes de la oposición (como Pedro Bordaberry y Jorge Larrañaga) negaron que la cifra llegue a ser la manejada por Pintado.

El País Digital

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